Cumplirá su arresto domiciliario por autorización de la Justicia Federal en El Calafate donde posee una propiedad conocida como la “casa de los ascensores” tras su allanamiento judicial en el 2016. El empresario fue condenado a 12 años de prisión en 2021 por lavado de dinero con la obra pública.
Este fin de semana, colocaron un pasacalle de bienvenida en el acceso a Río Gallegos a modo de bienvenida de parte de sectores afines a Báez.
Posteriormente, Lázaro Báez publicando la imagen del pasacalle dijo en sus redes sociales: “Deseo agradecerles a todas las personas que consideran que aún después de años de estar ausente en esta maravillosa provincia, aún tengo la posibilidad de darles una nueva esperanza de tener un trabajo y no tener que mendigar un plato de comida para su familia. Gracias.
“Viva Lupo” “Viva Santa Cruz”
Con este escenario, por estos lares, el rol del empresario puede meterse de lleno en el escenario político social de Santa Cruz donde en los últimos años, largos años, luego de conocido el fraude millonario, de los principales dirigentes políticos del arco político lo han apuntado personalmente. Siĺencio stampa.
En las últimas horas la diputada nacional radical Roxana Reyes expresó su rechazo a la decisión de la justicia en cuanto a permitir el traslado del empresario condenado a Santa Cruz
Por eso surgen varias interrogantes en cuanto a lo que hará y cómo, en el ámbito santacruceño Lázaro Báez para meterse de lleno en los negocios y dar trabajo a quienes en su momento estaban con el empresario.
El objetivo primordial de Báez es recuperar los dineros de aquellos empresarios que en los últimos 15 años se enriquecieron de manera abrupta en Santa Cruz con “su plata” prestando nombres. Habrá encuentros y contactos que seguramente le permitirán reforzar su patrimonio dado que nunca a dejado de administrar su capital más allá de embargos millonarios a sus cuentas por más de 350 millones de dólares.
La causa que llevó a prisión a Báez investigó la salida y reingreso al país de aproximadamente 55 millones de dólares de origen ilícito, vinculados principalmente con la obra pública en Santa Cruz y otros delitos económicos. El fallo determinó que Báez y sus colaboradores utilizaron una compleja red de sociedades pantalla y cuentas bancarias en el extranjero para blanquear el dinero. Austral Construcciones, su empresa insignia, jugó un papel central en estas maniobras, siendo utilizada para la compra de bonos y otros activos que permitieron reintegrar los fondos al sistema financiero argentino con apariencia de legalidad.